El Gobierno Abierto se concibe como un proceso de adaptación de las instituciones ante los cambios de una sociedad cada vez más abierta, formada e informada, que demanda un mayor protagonismo democrático. Se orienta a las nuevas necesidades sociales con una orientación claramente digital por defecto, basadas en un contrato social y la necesidad de participar en la toma de decisiones de la administración.
Gobierno Abierto son aquellas herramientas, reformas y leyes que inauguran una nueva forma de relación entre las instituciones y la ciudadanía, más directa, próxima, empática y simétrica; otorgando a la ciudadanía mayor protagonismo en la construcción de la democracia. Con un doble objetivo:
Diseñar políticas públicas más representativas y legítimas, con la participación de más actores, con una mayor pluralidad de voces, especialmente de aquellas comunidades implicadas o afectadas directamente por dichas políticas.
Pero también, para hacer mejores políticas, en tanto se captura más información con la producir más valor público y social.
En España cada Administración pública tiene competencia exclusiva en materia de Gobierno Abierto, excepto en lo relativo a transparencia, para la que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece obligaciones mínimas comunes para todas las Administraciones públicas. En Canarias está regulado por la Ley 12/2014 de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias.
Para cumplir los propósitos, el Gobierno Abierto se compone básicamente de cuatro dimensiones: transparencia, participación, colaboración y datos abiertos.